¿Extrema coherencia o extrema conveniencia? ¿Cuál es el principio que guía la nueva política exterior de Colombia? [OPINIÓN Y ANÁLISIS]

El presente artículo tiene un propósito exclusivamente informativo y analítico sobre la política exterior. Su publicación en este espacio no implica, en ningún caso, que su contenido represente la posición, opinión o postura oficial del Comité Estudiantil de Relaciones Internacionales (CERI).

El pasado lunes 10 de agosto, la Cancillería emitió un comunicado en el que reconoció  la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, un territorio sirio ocupado por Israel desde la Guerra de los Seis Días en 1967, y cuya anexión al territorio israelí fue proclamada en 1981. Este cambio en la posición de Colombia frente a este conflicto genera dudas sobre  el rumbo de su política exterior y sobre el papel que quiere asumir frente a la comunidad internacional.

La decisión colombiana adquiere relevancia al contrastarla con la Resolución 497 de 1981 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que declaró “nula y sin efecto jurídico” la decisión de Israel de imponer sus leyes y su jurisdicción sobre el territorio ocupado (Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 1981). Esta posición ha sido rechazada por distintos actores de la comunidad internacional y por la Liga Árabe.

Si bien Colombia no puede cambiar por sí sola el estatus jurídico de los Altos del Golán, sí puede decidir qué posición adopta frente al conflicto. Y es aquí donde comienza el debate: ¿qué principio está siguiendo el Gobierno para realizar estos cambios en su postura diplomática? ¿Ese principio responde al interés nacional? Y, si es así, ¿de qué manera beneficia a Colombia?

El comunicado de la Cancillería justifica la decisión principalmente por razones de seguridad, al señalar la “ubicación estratégica, el control y la soberanía israelí sobre  los Altos del Golán” como elementos esenciales para la defensa de Israel. Sin embargo, si la seguridad de un Estado puede ser utilizada como argumento para reconocer su soberanía sobre un territorio en disputa, ¿no debería este criterio aplicarse de la misma manera frente a otros Estados? De lo contrario, surge una pregunta aún más importante: ¿estamos ante una nueva forma de entender la política exterior colombiana, basada en un principio que busca aplicarse de manera igualitaria, o ante decisiones condicionadas por los intereses y las preferencias del gobierno de turno?

Estas preguntas cobran importancia cuando nos damos cuenta de que el reconocimiento de los Altos del Golán no es un hecho aislado. En los primeros días del Gobierno entrante también se reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, se anunció el cierre de 15 consulados y alrededor de 16 embajadas en distintos países, junto con cambios y rupturas en algunas relaciones diplomáticas, y se planteó el fortalecimiento de los vínculos con Estados Unidos e Israel. Esto en conjunto podría ser parte de una nueva forma en la que Colombia busca relacionarse con la comunidad internacional.

Durante los últimos años, Colombia ha demostrado ser un actor activo en escenarios  multilaterales, manteniendo relaciones con países de diversas regiones y procurando conservar un margen de diálogo equilibrado frente a diferentes posiciones internacionales. Sin embargo, el Gobierno de turno parece apostar por una política exterior mucho más  pragmática, orientada hacia alianza estratégicas e intereses específicos. Esto no necesariamente debe entenderse como una mala decisión. El acercamiento de Colombia a  Estados Unidos e Israel puede representar beneficios en diversas áreas, además de reforzar las relaciones comerciales con aliados estratégicos.

No obstante, es inevitable preguntarse: ¿qué gana Colombia con este cambio de rumbo en su política exterior y cuánto está dispuesta a sacrificar? ya que países como Turquía, Arabia  Saudita, Egipto y, principalmente, Siria, entre otros, así como organismos internacionales, han rechazado la decisión del Gobierno colombiano. Esto podría dificultar las relaciones con algunos países de la región y tensionar los vínculos que Colombia ya había construido.

Indudablemente, este cambio de rumbo también representaría beneficios estratégicos para Colombia al reforzar sus relaciones con países que pueden contribuir al cumplimiento de sus objetivos nacionales. En este caso, fortalecer vínculos con Estados Unidos simboliza mayor cooperación en la lucha contra el narcotráfico, así como reforzar alianzas comerciales fundamentales para el país. Por otro lado, con Israel existen oportunidades de avances a nivel de tecnología y comercio.

Desde este punto de vista, el reconocimiento de los Altos del Golán puede entenderse como una estrategia política para consolidar una relación diplomática que el Gobierno entrante considera conveniente para el país. Es por eso que el problema no es que Colombia se acerque a Israel. El problema es la forma y el fundamento de ese acercamiento, porque toda política exterior tiene pros y contras.

Al fortalecer dichas alianzas, Colombia genera tensiones con otros actores con los que mantiene  relaciones consolidadas, los cuales rechazaron la decisión colombiana, dificultando entonces  las relaciones con países del Medio Oriente con los que ya se construyeron vínculos comerciales, diplomáticos y cooperativos.

La cuestión no es definir si la nueva política exterior es buena o mala, los Estados tienen  el derecho a elegir aliados y a mantener relaciones con el resto del mundo. El desafío que  se evidencia en este momento es la búsqueda del equilibrio entre la defensa de los intereses  de Colombia y su capacidad o intención de conservar sus relaciones con actores con posiciones opuestas.

Por eso, el reconocimiento hecho por Colombia es esencial y no se trata solamente de decidir si Israel debe o no ser considerado soberano sobre un territorio ocupado. Sino que la decisión del gobierno evidencia hasta qué punto están dispuestos a llegar para fortalecer una determinada relación y qué principios priorizan incluso si estos entran en conflicto no sólo con la carta de las Naciones Unidas al cual Colombia se encuentra suscrito, así como con el derecho internacional. En este punto de la discusión, surge una pregunta fundamental: ¿en qué medida los beneficios que posiblemente adquiera Colombia mediante el fortalecimiento de estas relaciones son compatibles con las obligaciones que el país ha asumido en  los tratados internacionales? Si el interés nacional puede justificar un criterio en el cambio  de la política diplomática de Colombia, ¿qué límites internacionales debe respetar el Estado?.

Nuestro Gobierno reconoció la seguridad del territorio de Israel como un criterio suficiente para reconocer su soberanía sobre los Altos del Golán. Sin embargo, la seguridad no constituye un criterio que justifique la adquisición de territorios mediante la fuerza. Por esta razón, el Gobierno debería poder explicar en qué principio se basó para aplicar ese criterio y si en situaciones similares lo hará de manera general. En caso de que eso no pase, surge la misma interrogante: ¿Estamos ante la búsqueda de beneficios para el interés nacional o para el gobierno de turno?¿Y cuál es el papel que Colombia quiere proyectar ante el mundo con esta nueva administración ?

Si estas decisiones responden a un principio y/o a una estrategia a largo plazo basada en el  interés del Estado, todo podría concluirse como un cambio o redirección hacia una nueva  política exterior colombiana. Pero si las posiciones diplomáticas dependen de las afinidades y alianzas del gobierno la pregunta sigue abierta ¿Extrema coherencia o extrema conveniencia?