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El suicidio, una factura que los Estados se niegan a pagar [ANÁLISIS]

Foto del escritor: Luz Villadiego
Luz Villadiego
14 sept
4 min de lectura

El presente artículo tiene un propósito exclusivamente informativo y analítico. No representa la posición del Comité Estudiantil de Relaciones Internacionales (CERI).


Septiembre es el mes amarillo, dedicado a la prevención del suicidio. Pero pocas veces se habla de él como lo que también es: un problema de gobernanza, de presupuesto, desigualdad estructural y cultura.


Según el informe de la OMS, publicado el 28 de agosto de 2026, más de 720.000 personas mueren cada año por suicidio y, además, el 73% de los suicidios a nivel mundial ocurren en países de ingresos bajos y medios. Las comunidades marginadas, como los refugiados, los indígenas, los migrantes y quienes tienen distintas preferencias sexuales, se consideran poblaciones altamente vulnerables y propensas al suicidio. Este informe también hace referencia a la imperante necesidad de los gobiernos de establecer rutas de trabajo multisectoriales y fortalecer el sistema de salud en cuanto a la prevención, la oportuna atención a la salud mental y el seguimiento de intentos previos de suicidio (OMS,2026).


 Tomado de PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION
Tomado de PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION

Si bien es cierto que el suicidio hoy es un problema que se ha visibilizado a través de campañas, redes sociales y sensibilización para la prevención, aún estamos muy lejos de resolverlo. La sensibilización se vuelve insuficiente cuando las raíces de ese problema no se atacan oportunamente y también cuando la sociedad sigue catalogando la decisión como algo desafortunado, aislado y controvertido. El problema no es que no hablemos del suicidio; es que lo hacemos sin tocar lo que lo alimenta.


El reporte Suicide in the Americas (OPS,2025) presenta la tasa de mortalidad por suicidio ajustada por edad para el continente americano en 2021. Guyana y Surinam encabezan la lista con las tasas más altas de la región, cercanas a 26 y 22 muertes por cada 100 000 habitantes, respectivamente. Uruguay y Estados Unidos ocupan el tercer y cuarto lugar, ambos por encima de las 14 muertes por cada 100 000. Trinidad y Tobago, Haití, Cuba y Venezuela completan el grupo de países con tasas superiores a 9,1 por cada 100 000. En un rango intermedio se encuentran Canadá, El Salvador, Argentina, Costa Rica, Ecuador y Brasil, con tasas entre 7,0 y 9,0 por cada 100 000 (OPS, 2025).


Los datos dejan en evidencia que la tasa de suicidio en las Américas no sigue un patrón único ni se explica por un solo factor: conviven en los extremos superiores países con economías muy distintas, desde Guyana y Haití hasta Estados Unidos y Uruguay. Colombia ilustra bien esa paradoja: aunque se ubica en el rango medio-bajo según la tabla de la OPS para 2021, un análisis más detallado revela que entre 2005 y 2021 el país registró 40 157 muertes por suicidio, el 80,7 % de ellas en hombres, concentradas de manera desproporcionada en jóvenes de 15 a 29 años (41,5 % del total) (Pineda-Lozano et al., 2025). Las tasas moderadas, en otras palabras, pueden esconder crisis profundas y desiguales.


Ese costo tiene, además, un perfil socioeconómico marcado: el 38 % de las víctimas estaba afiliado al régimen subsidiado de salud, el destinado a la población de menores ingresos. Los propios autores del estudio lo interpretan como un indicador indirecto de condiciones socioeconómicas desfavorables, lo que permite plantear el suicidio no como un fenómeno estrictamente clínico o individual, sino como síntoma de una desigualdad estructural que atraviesa el sistema de salud colombiano (Pineda-Lozano et al., 2025). Quienes menos recursos tienen para pedir ayuda son, precisamente, quienes más la necesitan.


El informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH, 2024) ofrece hallazgos que refuerzan esta lectura estructural: los pueblos indígenas, históricamente discriminados, enfrentan una carga adicional al abordar sus problemas de salud mental. La exclusión no solo les niega servicios; también les impone un marco ajeno para entender su propio bienestar.


La imposición del modelo biomédico occidental constituye una forma de colonialismo sanitario: criminaliza las concepciones de bienestar y las prácticas de sanación tradicionales indígenas, y las reemplaza por un paradigma que no reconoce sus cosmovisiones. Como resultado, las tasas de afecciones de salud mental y de suicidio entre estas poblaciones superan las del resto de la sociedad (ACNUDH, 2024).


A su vez, el Mental Health Atlas 2020 de la OMS (2021) revela que el gasto público en salud mental apenas representa un 2,1 % del presupuesto sanitario promedio mundial. Esa cifra refleja cómo los Estados tratan la salud mental como un gasto prescindible y no como una inversión prioritaria, convirtiendo la prevención del suicidio en una decisión presupuestaria y política. El ACNUDH también advierte que los efectos psicológicos de catástrofes ambientales, pandemias y conflictos armados generan secuelas considerables en la salud mental, pero rara vez reciben una respuesta institucional eficiente y oportuna (ACNUDH, 2024).


Septiembre amarillo no debería ser un mes de lazos y frases de aliento, sino un mes de rendición de cuentas. Los datos lo dicen sin rodeos: el suicidio no cae parejo sobre la población, sino que se concentra en los jóvenes, en los pueblos indígenas, en los territorios abandonados por el Estado y en quienes menos recursos tienen para pedir ayuda. Que apenas el 2,1 % del presupuesto sanitario mundial se destine a salud mental no es un dato técnico: es una decisión política tomada, año tras año, por gobiernos que prefieren gestionar el duelo después de la muerte antes que invertir en prevenirla. Hablar de prevención del suicidio sin hablar de presupuesto, de colonialismo sanitario y de desigualdad estructural es quedarse en la superficie de un problema que, en el fondo, es profundamente político.





Referencias


Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2024). Salud mental y derechos humanos. https://www.ohchr.org/es/health/mental-health-and-human-rights

Organización Mundial de la Salud. (2026). Suicidio https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/suicide

Organización Panamericana de la Salud. (2025). Suicide in the Americas: Regional report 2021. https://www.paho.org/en/topics/suicide-prevention

Pineda-Lozano, J. C., Díaz-Jiménez, D. P., & Castañeda-Orjuela, C. (2025). Carga económica de la muerte prematura por suicidio en Colombia entre el 2005 y el 2021. Biomédica. https://doi.org/10.7705/biomedica.7623 

World Health Organization. (2021). Mental health atlas 2020. https://www.who.int/publications/i/item/9789240036703



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14 sept
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